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¿Qué implica aceptar capacidad económica para satisfacer la pensión alimentaria?


Posted on febrero 19th, by Maria Ramos in Blog. No Comments

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió el caso de Santiago v. Maisonet, 2012 TSPR 187 para aclarar vacíos normativos que surgieron por motivo de la jurisprudencia que establece que los alimentantes que aceptan capacidad económica no están obligados a descubrir su información económica. A continuación le exponemos una breve reseña del caso y la pauta doctrinaria que dispone el Tribunal en casos relacionados a pensión alimentaria.

La Sra. Marisol Santiago Texidor (“madre custodia” o Sra. Santiago) y el señor Maisonet procrearon dos hijos. Se divorciaron en el 1994 y la Sra. Santiago obtuvo la custodia de los menores. Como parte de su obligación alimentaria, el señor Maisonet estuvo pagando una pensión mensual a favor de los menores.

Para el 2006, la Sra. Santiago en representación de su hijos, pidió una revisión de la pensión alimentaria fundamentado en que estos habían comenzado estudios universitarios por lo que entendía que se debía modificar la pensión a la luz de sus nuevas necesidades. Conjuntamente, se solicitó al padre no custodio que proveyera cierta información relacionada a los ingresos que este último devengaba. Acto seguido, el padre no custodio aceptó tener capacidad económica para satisfacer la pensión alimentaria.

Evaluada la prueba, la Examinadora de Pensión Alimentaria emitió su informe sugiriendo una pensión de $3,741 mensuales, dicha recomendación fue avalada por el Tribunal. A raíz de esa decisión, el padre no custodio solicitó que se determinaran hechos adicionales, entre estos, que no se consideró el ingreso de la madre custodia, la Sra. Santiago al momento de calcular la pensión alimentaria y que se le impuso el pago del 100% de los gastos de sus hijos.

Luego de varios trámites procesales, el padre no custodio esencialmente argumentó entre otros señalamientos de errores ante el Tribunal Supremo que los foros inferiores se negaron a considerar los ingresos de la madre custodia sin imponerle a esta una participación monetaria en la obligación de alimentar a los hijos.

El Tribunal Supremo al atender dicha controversia define primero e conceptos de alimentos como todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia que además incluye la educación e instrucción del alimentista, cuando este es menor de edad.

Que el Código Civil de Puerto Rico señala quiénes son las personas llamadas a alimentar a los hijos. Uno de estos es el Artículo 153 discute las facultades y deberes de los padres con respecto a sus hijos por razón de la patria potestad. Acorde a esta disposición, las madres y los padres tienen el deber de alimentar a sus hijos no emancipados, tenerlos en su compañía y educarlos con arreglo a su fortuna.

Es decir, la obligación alimentaria recae en ambos progenitores, quedando así obligados a contribuir de acuerdo a su fortuna a la manutención de sus hijos. En otras palabras, “la obligación es indivisible y aplica tanto al padre como a la madre”. Por tanto, una vez disuelto el vínculo matrimonial, se distribuye entre los padres el pago de una pensión en cantidad proporcional a su respectivo caudal.

Se ilustra que para fijar la pensión se utilizan unas Guías que toma en consideración el ingreso de ambos padres puesto que cada uno tiene la obligación legal de aportar para la manutención de sus hijos.

A partir del caso Chévere v. Levis: el Tribunal Supremo pautó una norma que cambió el cómputo de las pensiones alimentarias en algunos casos particulares. En el referido caso, el alimentante solicitó una orden protectora luego de que se le cursara un requerimiento de información para que descubriera su capacidad  económica y estilo de vida a fin de fijar la pensión alimentaria que debía pagar. Basado en que entendía que no lo ameritaba, ya que había admitido poseer la capacidad económica suficiente para satisfacer el pago de la pensión que en su día el Tribunal le impusiera. Además, el Tribunal Supremo precisamente aclara que la negativa a cumplir con la obligación a alimentar es lo que activa el descubrimiento de prueba relacionado a los ingresos para determinar la suficiencia de pago del alimentante. “Por consiguiente, cuando el padre alimentante acepta capacidad económica, se hace innecesario el descubrimiento de prueba, según dispuesto por ley.” Por ende, cuando se acepta la capacidad económica del padre, solo queda que el tribunal determine la suma justa y razonable en concepto de pensión alimentaria para los menores con relación a sus necesidades y la situación económica de la madre. 

Discutida dicha pauta doctrina, se señala el hecho el Sr. Maisonet aceptó tener capacidad económica para pagar la pensión de sus hijos. Al ser así, aplicaba un esquema para fijar la pensión distinto a aquel que se sigue mediante las Guías. En la cual no se utiliza la proporción de los ingresos para ese cálculo, sino que la persona custodia viene obligada a establecer cuáles son los gastos razonables de los menores para así determinar cuanto debe aportar la persona no custodia en cuanto a esos gastos.

 A raíz de que se desconoce los ingresos de la parte que acepta capacidad económica. No es posible establecer el cómputo entre el total de los gastos razonables y los ingresos si la fortuna de una de las partes es desconocida. Por tanto, imputarle a la madre custodia una parte de los gastos razonables de los menores desconociendo los ingresos del Sr. Maisonet resultaba ser injusto y arbitrario adjudicarle a la persona custodia el pago de una proporción de la pensión alimentaria que se fijó a favor de los menores ante las particularidades propias de los casos en que el alimentante acepta capacidad económica, pues se llegaría a una determinación que no estaría basada en criterios numéricos.

Finalmente, el Tribunal Supremo resuelve que en casos en que el alimentante acepta capacidad económica, procede entonces que el alimentante pague el 100% de los gastos razonables de los menores. De querer este que se le imponga pagar sólo una proporción de los mismos bajo el fundamento de que la persona custodia también debe realizar una aportación, por imperativos de justicia y de principios matemáticos básicos, deberá divulgar sus ingresos a fin de utilizar las Guías y poder adjudicar la participación correspondiente a la madre y al padre.

Haznos saber tu opinión: ¿Qué piensas sobre este dictamen que discute los efectos que surgen a raíz de aquellos progenitores que aceptan la capacidad económica? 





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